El nuevo decreto presidencial es una preocupante señal a la inversión y la acción debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y no fue una arbitrariedad, manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Los primeros en acatar la ley, porque así lo juramentaron, deben ser los servidores públicos. La señal que envía el Gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión”
Calificó como “inconcebible” la respuesta del Gobierno federal de declarar de seguridad nacional las obras de infraestructura para evitar que estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana, luego de que la Suprema Corte declaró la invalidez del acuerdo presidencial por medio del cual el Gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de realizar sus proyectos prioritarios.
